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En la actualidad existen dos tipos de caminos públicos que están siendo usurpados, los caminos reales (propiedad del Gobierno y que servían de unión entre municipios) y las Vías Pecuarias (Propiedad de la Junta de Andalucía) y que servían en el pasado principalmente para la trashumancia de ganado).
Antonio Morano, senderista aficionado y residente en Castaño del Robledo, esta siendo uno de los principales activistas de la zona que pretenden recuperar estos caminos, para lo cual ya ha informado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.
Según denuncia Morano, los ayuntamientos, que "tendrían que ser los que más lucharan" por este problema para dinamizar esos caminos como recursos turísticos y elaboración de vías verdes o pasajes naturales "han bajado los brazos" y eso que, incluso, algunos de estos ayuntamientos publicitan en su web como caminos para senderistas algunas rutas que están usurpadas y que en la actualidad no se pueden llevar a cabo.
Este senderista asegura que sólo en el término municipal de Jabugo hay 16 caminos afectados, que no son transitables de ninguna manera pese a ser de dominio público, algunos de ellos, aparecen en la página web del municipios como recursos turísticos de senderismo que, en realidad, no se pueden llevar a cabo.
Morano también ha declarado a Diario de Huelva que la legislación obliga a los ayuntamiento a tener inventariados esos caminos y a tenerlos adscritos tanto en el registro de la propiedad como en el Catastro, pero que, sin embargo, los ayuntamientos son muy reacios a mostrar esa documentación.
Tras recorrer a pie y comprobar muchos de los caminos y senderos públicos del entorno, ha llegado a la conclusión que es lamentable ver como muchos de estos caminos se encuentran en un estado de abandono total, o lo que es peor y motivo de denuncia (teniendo en cuenta que es un delito regido por el código penal) muchos de éstos, están usurpados por dueños de fincas privadas, que han adherido-anexionado dicha vía (un bien de dominio público) a su propiedad, "con toda la pasividad e impunidad del mundo, y a veces con el conocimiento de las entidades competentes, que miran para otro lado y no toman las medidas oportunas, constituyendo un delito de omisión de sus responsabilidades y por consiguiente una falta grave".
La propuesta de Morano es la de ir recuperando poco a poco los caminos más importantes y más interesantes a nivel turístico y ecológico, y aunque no se puedan limpiar todos, al menos algunos. No nos preocupa tanto los que están sucios, que también, sino más que nada los que están usurpados, y al menos ir recuperando su propiedad pública hasta que existan medios económicos para su recuperación total. No son medios económicos exactamente lo que se necesitan para instar a los propietarios y que éstos comprendan la necesidad de recuperar esos caminos reales y vías pecuarias. Es necesario comunicar a los propietarios que no pueden apropiarse de un camino público, y por “las buenas” comunicar su inmediata apertura.

Morano recuerda a los ayuntamientos implicados que le Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 32 especifica la obligación de las Administraciones Públicas de inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, con el suficiente detalle para su identificación y en ello se incluirían estos caminos.
Igualmente el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, en su artículo 95, especifica que las Entidades Locales están obligadas a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición. En su artículo 3 se especifica que entre los bienes de dominio público están los caminos cuya titularidad corresponda a la entidad local.